Cuestionan eficacia de estrategias antidrogas entre México y Estados Unidos
Analistas advierten sobre la desconexión entre las cifras presentadas por la DEA y la realidad operativa en la lucha contra el crimen organizado.
La relación bilateral en materia de seguridad enfrenta un escrutinio creciente ante la disparidad entre los resultados reportados por la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la situación de violencia en territorio mexicano. A este 30 de agosto de 2026, expertos en seguridad señalan que las métricas utilizadas para medir el éxito en la persecución del narcotráfico presentan inconsistencias que no reflejan la complejidad del fenómeno criminal en las regiones fronterizas y el interior del país.
Desde la perspectiva de diversos centros de análisis, la estrategia actual bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y sus contrapartes estadounidenses parece basarse en indicadores que no logran contener el flujo de sustancias ilícitas ni el poder de fuego de los grupos delictivos. La crítica principal se centra en que el conteo de detenciones y decomisos no se traduce necesariamente en una disminución de los índices de inseguridad, sugiriendo que la lógica matemática aplicada a la inteligencia policial requiere una revisión urgente.
Fuentes cercanas a las labores de inteligencia señalan que existe una propuesta para replantear la cooperación binacional, priorizando el desmantelamiento de las redes financieras sobre las capturas mediáticas. Este enfoque buscaría que la Fiscalía General de la República (FGR) y las agencias estadounidenses coordinen esfuerzos bajo esquemas de intercambio de información más transparentes, evitando las discrepancias que han caracterizado los reportes oficiales en los últimos meses.
La discusión en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados se ha intensificado, con sectores que demandan una evaluación integral de los acuerdos de seguridad vigentes. La premisa es clara: si las acciones conjuntas no impactan directamente en la capacidad operativa de las organizaciones criminales, la estrategia debe ser modificada estructuralmente para alinearse con los objetivos de pacificación nacional.
En última instancia, el desafío reside en cerrar la brecha entre la narrativa institucional y la realidad que viven los ciudadanos en diversas entidades federativas. La búsqueda de una política de seguridad más eficaz y menos dependiente de estadísticas cuestionables se perfila como una prioridad para los meses venideros, donde la soberanía y la cooperación técnica deberán encontrar un punto de equilibrio funcional.
