El huachicol fiscal: la herencia energética que persiste en México
La simulación en la importación de combustibles, originada en el esquema de 2013, continúa afectando los ingresos tributarios del país.
La estructura normativa vigente desde la reforma energética de 2013 permitió el surgimiento de un esquema de evasión fiscal conocido como huachicol fiscal. Durante la emergencia sanitaria por covid-19, las autoridades federales detectaron una red compleja que utilizaba la simulación de importación de combustibles, disfrazando gasolinas y diésel como aditivos químicos para evitar el pago de impuestos y derechos en las aduanas mexicanas.
Este modelo de defraudación aprovechó los vacíos regulatorios que facilitaron la entrada de hidrocarburos bajo clasificaciones arancelarias incorrectas. Al reportar insumos distintos a los combustibles, las empresas involucradas lograban evadir los gravámenes correspondientes, generando una competencia desleal para PEMEX y afectando significativamente la recaudación proyectada por la SHCP.
Desde el inicio de la actual administración, el SAT y la Secretaría de Energía han intensificado las revisiones en las terminales de almacenamiento y puertos de entrada. El objetivo ha sido cerrar los mecanismos de importación irregular que permitieron por años que grandes volúmenes de combustible ingresaran al territorio nacional sin la debida fiscalización técnica ni tributaria.
Especialistas en materia energética señalan que la transición hacia un control más estricto de las aduanas ha sido clave para reducir estas prácticas. No obstante, el reto persiste en la vigilancia de las cadenas de suministro y en la aplicación de sanciones contra las compañías que insisten en omitir sus obligaciones fiscales mediante la alteración de documentos técnicos.
El Gobierno Federal mantiene la propuesta de fortalecer la coordinación entre la Guardia Nacional y las autoridades aduanales para blindar las fronteras energéticas. Asimismo, se busca consolidar una mayor transparencia en los permisos de importación para asegurar que cada litro de combustible que ingresa al país cumpla con el marco legal vigente y contribuya a las finanzas públicas.
