Familiares de mineros en Sinaloa exigen investigar a Vizsla Silver
A ocho meses de los hechos en La Concordia, las familias de los mineros asesinados solicitan una investigación contra la empresa por presuntas omisiones.
Familiares de los mineros asesinados en la zona de La Concordia, Sinaloa, han alzado la voz para exigir a las autoridades federales y estatales una investigación profunda contra la empresa Vizsla Silver. A ocho meses de la tragedia, los afectados señalan que la compañía incurrió en omisiones graves, incluyendo la falta de denuncia inmediata sobre la desaparición de los trabajadores y el presunto ocultamiento de evidencia relevante para el esclarecimiento de los hechos.
El grupo de familias, respaldado por colectivos locales, sostiene que la empresa minera no cumplió con sus protocolos de seguridad y comunicación tras los eventos ocurridos en sus instalaciones. Según los señalamientos presentados ante instancias legales, la tardanza en alertar a las corporaciones de seguridad permitió que se perdieran pistas clave que pudieron evitar el desenlace fatal de los mineros, quienes fueron reportados como desaparecidos inicialmente.
Las peticiones se centran en que la Fiscalía General de la República atraiga el caso para garantizar una investigación imparcial que deslinde responsabilidades tanto de los grupos delictivos involucrados como de la empresa extractiva. Los familiares argumentan que la omisión de Vizsla Silver no solo fue administrativa, sino que afectó directamente la integridad de los trabajadores al no garantizar las condiciones de seguridad necesarias en una región con alta presencia de grupos armados.
Hasta el momento, las autoridades estatales han mantenido un seguimiento sobre el caso, aunque los familiares consideran que los avances han sido insuficientes ante la gravedad de las acusaciones contra la firma canadiense. La exigencia es clara: que se realice una auditoría sobre las prácticas de seguridad laboral y los protocolos de crisis de la empresa en el estado de Sinaloa.
La comunidad y los familiares esperan que las próximas semanas traigan respuestas concretas por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía. Mientras tanto, el llamado a la justicia continúa en la región, donde la inseguridad y la falta de transparencia corporativa han dejado un profundo vacío en las familias afectadas por la violencia minera.
