Salud cardiovascular debe ser un derecho ciudadano y no un privilegio
Especialistas y autoridades de salud pública en México subrayan la necesidad urgente de democratizar el acceso a la medicina preventiva cardiovascular.
La salud cardiovascular se consolida este 29 de septiembre como uno de los desafíos más críticos para el sistema de salud mexicano, exigiendo una transición desde un modelo de atención reactiva hacia uno de carácter preventivo. Diversos sectores de la sociedad civil y especialistas han señalado que el acceso a diagnósticos oportunos y tratamientos especializados sigue marcado por profundas brechas de desigualdad. La meta central es integrar la prevención de enfermedades del corazón como un derecho fundamental, garantizado por las instituciones del Estado para toda la población, independientemente de su condición socioeconómica.
La propuesta de democratizar la medicina preventiva implica una reconfiguración en la estrategia operativa de la Secretaría de Salud y del modelo IMSS-Bienestar. Representantes del sector salud han manifestado que el compromiso debe trascender la atención hospitalaria de tercer nivel, enfocándose en la detección temprana mediante jornadas de salud en comunidades rurales y urbanas marginadas. Esta visión busca que los factores de riesgo, como la hipertensión y la dislipidemia, sean controlados antes de derivar en complicaciones crónicas que saturan los servicios públicos.
Para alcanzar este objetivo, se requiere una articulación efectiva entre la Secretaría de Salud, el Congreso de la Unión y las autoridades estatales, quienes proponen fortalecer la infraestructura de las clínicas de primer contacto. La iniciativa contempla la actualización de protocolos clínicos y la capacitación continua del personal médico, asegurando que las herramientas de diagnóstico estén disponibles incluso en las zonas más alejadas del país. Asimismo, se plantea la necesidad de incentivar la inversión en programas de bienestar que promuevan estilos de vida saludables desde la infancia.
La sociedad civil ha enfatizado que la prevención no debe ser vista como un gasto, sino como una inversión necesaria para la sostenibilidad del sistema nacional de salud. Se propone que la colaboración entre instituciones educativas, como la UNAM y el IPN, y los organismos de salud permita generar bases de datos epidemiológicos más precisos. Con esta información, la Secretaría de Salud podría diseñar políticas públicas focalizadas que respondan a las necesidades específicas de cada región de México, reduciendo así la carga de las enfermedades cardiovasculares en el presupuesto nacional.
