Sheinbaum descarta acuerdos con Maru Campos sobre el caso Jáuregui

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó este martes cualquier posibilidad de alcanzar acuerdos políticos con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en relación con el proceso legal que enfrenta el exfiscal estatal, Francisco Jáuregui. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal subrayó que la actuación del exfuncionario constituye una violación directa a la Ley de Seguridad Nacional, un tema que, afirmó, no está sujeto a negociaciones de carácter político o administrativo entre niveles de gobierno.

La postura de la mandataria se da tras los señalamientos sobre las presuntas irregularidades cometidas por Jáuregui durante su gestión. Según la información expuesta por el Gobierno Federal, las acciones del exfiscal habrían comprometido protocolos de inteligencia y seguridad que competen exclusivamente a la federación. Ante este escenario, la presidenta Sheinbaum enfatizó que el cumplimiento de la ley debe prevalecer sobre cualquier tipo de concertación con los gobiernos locales, marcando una línea divisoria clara respecto a la autonomía de las investigaciones judiciales en curso.

Por su parte, el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha indicado que los expedientes relacionados con este caso permanecen bajo el análisis de las autoridades competentes. La administración federal sostiene que, al tratarse de presuntas faltas que vulneran la estabilidad nacional, el seguimiento del caso corresponde estrictamente a la Fiscalía General de la República (FGR). El gobierno ha señalado que se mantendrá vigilante para asegurar que no existan obstáculos institucionales en el desahogo de las pruebas presentadas contra el exservidor público.

La gobernadora Maru Campos no ha emitido una respuesta directa tras las declaraciones de la presidencia, aunque fuentes cercanas al ejecutivo estatal han señalado que el estado mantiene su postura de respeto a los canales legales. El conflicto pone de relieve las tensiones existentes entre la federación y el gobierno de Chihuahua en torno a la procuración de justicia y la coordinación en materia de seguridad. Mientras tanto, las autoridades federales reiteran que el proceso seguirá su curso legal sin injerencias políticas que alteren la transparencia del caso.